Una FD, enfermera, activista de los derechos civiles y presidenta de la rama de la NAACP en Hayward, California, demandó a dos agentes del sheriff del condado de Alameda y a Prison Health Services, Inc. por violaciones de sus derechos de la Primera Enmienda según la Ley de Derechos Civiles de 1871. Afirmó que los agentes la acosaron y tomaron represalias en su contra después de que habló sobre cómo la gerencia de Prison Health Services en la cárcel del condado de Alameda en Dublin estaba tratando a algunas de las enfermeras.
La demandante trabajaba como enfermera para el Servicio de Salud de la Prisión, donde brindaba atención médica a los reclusos de la cárcel. Posteriormente, la Sra. Davis fue sancionada y se la preparó para ser despedida o posiblemente lesionada, lo que la obligó a dejar su trabajo, que ganaba $70,000 al año y que había tenido desde 1990, y buscar asesoramiento psicológico. También demandó al Servicio de Salud de la Prisión, que la sancionó y la amonestó y, finalmente, la trasladó a una unidad de salud mental indeseable en la cárcel.
FD también testificó que comenzó a tener problemas en su trabajo a partir de 2006, cuando se quejó de que el director de enfermería del Servicio de Salud Penitenciaria "mostró un patrón de comportamiento racista y sexista hacia ella en el trabajo". Premier Law Group llegó a un acuerdo con el Servicio de Salud Penitenciaria por $528,957. Los otros acusados negaron haber cometido irregularidades. La indemnización incluía honorarios y costas, y el asunto finalmente se resolvió por 1,3 millones de dólares.
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